Este artículo pertenece a la serie Comunicación y política de medios.

Catalejo, el blog de la revista Temas, inicia con esta serie, dedicada a Comunicación y política de medios, el debate sobre un conjunto de problemas referidos al modelo de prensa vigente, así como a otras cuestiones de la comunicación social en un sentido más amplio. Esta serie se focaliza en torno a un grupo de tópicos cuyo interés atañe no solo a los profesionales del gremio, sino a una agenda política planteada desde enero de 2012, y que ha sido objeto de debate público en estos últimos años. La serie se abre a los siguientes tópicos: 

¿Existe un modelo de política de comunicación universalmente aceptado –o diversos modelos propios de distintas regiones o países? ¿Alguno podría resultar más apropiado, útil o viable para Cuba?

¿Cómo se podría caracterizar la esfera pública realmente existente en Cuba, en lo concerniente a acceso a información, medios de comunicación, libertad de expresión? ¿Cuáles prácticas resultan progresivas, y cuáles no? ¿Cómo se diferencia internamente el campo de los medios públicos o estatales? ¿Cómo el de los medios no estatales? ¿Cuáles son los requerimientos de un sistema de comunicación para un nuevo socialismo?

¿Hasta qué punto las regulaciones vigentes responden a las necesidades
de ese nuevo sistema de comunicación? ¿Cuáles son sus avances y deficiencias? ¿Qué beneficio y qué costos tendría posponer el tratamiento de estos problemas hasta el calendario legislativo de 2023-2028, mediante una Ley de comunicación? ¿Qué concepciones y prácticas deberían anticiparse a esa Ley, para ir transformando la cultura política de la comunicación?

La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos es uno de los avances más importantes en cuanto a derechos de la ciudadanía a la información y la comunicación en la historia del proceso revolucionario. En ella se intentan solucionar varios de los reclamos que, por décadas, han formulado los periodistas, comunicadores y cientistas de la información. Sin embargo, todavía no es suficiente. Se hace cada vez más necesario que se aplique en todas sus posibilidades y esté complementada por una ley que regule los procesos comunicativos entre los medios y las instituciones. Es esencial que se declaren los deberes y derechos de los funcionarios públicos para con la información y su relación con los medios de comunicación. Así mismo, resulta apremiante establecer los modos en los que se podría utilizar la publicidad y nuevas maneras de gestión económica en los llamados medios públicos.

¿Medios públicos o medios estatales?

La discusión sobre políticas de comunicación se ha intensificado en las últimas décadas, sobre todo en el subcontinente latinoamericano, después de que varios gobiernos progresistas (Uruguay, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador) promulgaran leyes de comunicación con el objetivo de democratizar el acceso, creación y uso de los medios en sus respectivos países. Este movimiento legislativo pudiera considerarse una reacción al hecho de que en los años noventa los gobiernos neoliberales desregularon de tal manera el mercado mediático que la propiedad quedó altamente concentrada en sectores privados (Mastrini, Bizbergé y De Charras, 2012).

Las leyes que se aprobaron durante los años en que coincidieron varios gobiernos de izquierda en la región, aunque hoy no han tenido un impacto relevante, posicionaron el tema como una discusión esencial en torno a nuevos modelos democráticos, derecho a la comunicación y visibilización de grupos tradicionalmente excluidos en los relatos nacionales. En esta manera de entender los procesos, y dependiendo del contexto específico de cada país, los estados adquirían el compromiso de asumir nuevas funciones como garantes del derecho a la comunicación. O sea, que debían asegurar no solo el derecho y la libertad de expresión de la ciudadanía, la sociedad política y la civil en sus medios, sino que a través de ellos también otros medios públicos no estatales serían atendidos en la distribución y producción de bienes comunicativos (Uranga, 2007). En correspondencia con esta idea, Gaetán Tremblay (1988) recomienda que: “El servicio público es una actividad considerada de interés general para la comunidad y, como tal, reconocida por el Estado. Dicha actividad no puede abandonarse absolutamente a la actividad privada y las leyes del mercado y por lo tanto el Estado asume su responsabilidad y su control sometiéndolo si fuera necesario a un régimen jurídico especial”.

Desgraciadamente, el retorno de nuevas administraciones a la derecha del espectro político en estos países a través de elecciones o golpes de estados suaves —en los que los grandes conglomerados mediáticos afectados por estas regulaciones ocuparon un papel esencial— impidieron una profundización en las transformaciones de un sistema que necesitaba tiempo y mayor voluntad política para consolidarse.

No obstante, para el caso cubano, esas experiencias ofrecieron herramientas teóricas y prácticas que pueden mejorar su sistema de medios y, por consiguiente —Manuel Martín Serrano dixit— su sistema político. El asunto estriba en con cuánta inmediatez o urgencia la dirección del gobierno atienda el tema.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha pautado una serie de principios básicos para que un medio se considere de bien público:

 1. La cobertura de sus servicios, que inicialmente comprendía una variante geográfica y socioeconómica, pero que a partir de la convergencia tecnológica comprende también la extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dispositivos de uso de información y entretenimientos;

2. la independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente (ej. anuales) que condicionan la autonomía del funcionamiento;

3. la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil; La pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de su programación (“el servicio público de difusión tampoco debe promover una posición determinada o apoyar a un partido político determinado”);

5. el mandato de servicio público establecido por la regulación;

6. la rendición de cuentas (accountability) a la población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno;

7. la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias;

8. la provisión de contenidos ausentes o de débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria.

Durante décadas los profesionales de la prensa cubana han manifestado en disímiles ocasiones la excesiva regulación externa que ejercen las instituciones gubernamentales —principalmente, el Partido Comunista de Cuba (PCC) — sobre los medios de comunicación. En sucesivos congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) los reporteros declararon que entendían las circunstancias de asedio constante por el gobierno de los Estados Unidos, pero insistían en que la gestión de los medios tenía su propia dinámica interna que necesita más autonomía editorial para ser eficaz. Este fenómeno fue explicado teórica y referencialmente por el ya fallecido periodista y profesor de varias generaciones de comunicadores Julio García Luis, quien propuso un modelo ético y profesional en el que predominan, además de lo anteriormente expuesto, la autorregulación profesional junto a la orientación política ideológica de los órganos partidistas.

Con la llegada al poder de Miguel Díaz- Canel Bermúdez, la posibilidad de un nuevo enfoque en el tema de la gestión de los medios fue abriéndose a la luz. Se aprobó la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos y el personal periodístico resultó favorecido con el aumento de salarios al sector presupuestado. No obstante, aunque desde las más altas instancias del gobierno se refieran a las organizaciones que hoy desempeñan la actividad periodística como medios públicos, la realidad es que son subsidiados en su totalidad por el Estado y, aunque algunos produzcan ingresos, no pueden disponer de ellos para sus necesidades internas. Sus directivos son designados por el PCC o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) sin consultar a los miembros de los equipos de redacción y sin rendir cuentas a las audiencias. Eso sucede con las más de 600 organizaciones periodísticas existentes en el país entre periódicos, emisoras, estaciones de televisión y sitios web que conforman el sistema de medios ubicados en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Concuerdo con José Ramón Vidal en que: “No se trata de desconocer la realidad y el papel del PCC, sino de asignar espacios de actuación a cada actor y evitar que los mismos sean contaminados por una relación que resulta unidireccionalmente reguladora” (Batista, 2013, p.89). Hasta cierto punto, esta es una situación que contradice la política aprobada hace dos años y echa por tierra el enunciado de “públicos” como adjetivo para los medios de prensa estatales cubanos. La discusión sobre su nomenclatura y conceptualización no es baladí, porque pudiera contribuir a confusiones en términos y conceptos diferentes e influir en el debate público.

Como bien reconoce la Doctora y vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde, en un artículo publicado en el sitio Cubadebate en agosto del año 2018:

¿Qué otro sistema, que no sea la prensa, está presente a lo largo y ancho del territorio nacional y, por oficio profesional, tendría la capacidad para producir contenidos culturales y comunicacionales para los medios y para las instituciones de los territorios, tanto en canales analógicos como digitales? Pero si comparáramos a nuestros medios con una fábrica de zapatos, podríamos decir que estamos produciendo hoy un solo tipo de chancleta para un único pie, mientras se desperdicia el valor de la cadena productiva y de la organización que ya está creada.

Lo cierto es que no se ven muestras reales, más allá del discurso, de un cambio de paradigma que avance hacia el escenario deseado. Sabemos que los tiempos de la política no son los tiempos de la ciudadanía y que, como diría José Martí, lo importante en política es lo que no se ve; pero también estos son axiomas que pueden volverse en contra de quienes queremos el mejoramiento de un verdadero sistema público de medios periodísticos en el país.

Varias investigaciones de grado y posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han contribuido a dotar al debate cubano de aspectos sobre un posible modelo de gestión autóctono de los medios públicos y estatales. Entre ellos se pueden mencionar los estudios desde el punto de vista de la pertinencia de un estatuto jurídico legal para la prensa nacional (Batista, 2015); los análisis de determinadas leyes de prensa anunciadas en países de América Latina (Tolentino, 2016); sobre las características de la gestión estratégica por parte de los directivos de los medios y sus mediaciones (Franco, 2016) y la investigación sobre modelos europeos de medios públicos (Terrero, 2018). Debe destacarse la tesis en opción al grado de Doctora en Comunicación Social realizada por Rosa Miriam Elizalde (2014) acerca de los principios a tener en consideración, desde la perspectiva de los periodistas cubanos, para construir una política de comunicación nacional.

Orgullo y prejuicio en la esfera mediática cubana

La esfera pública se ha ido complejizando en cuanto a actores, temas y discursos que van, poco a poco, proponiéndose al debate nacional. El desarrollo de la infraestructura de internet en el país hizo posible el surgimiento de nuevos medios y formas de comunicación por una ciudadanía con un elevado nivel de escolarización y altas necesidades de expresión fuera de los canales oficiales.

En el inicio de este siglo XXI se crearon decenas de blogs administrados por cubanos sobre los más variados tópicos, casi todos profesionales de la prensa, o sectores priorizados con acceso a internet. Al mismo tiempo, en el exterior, surgieron medios privados construidos con el objetivo de ofrecer un relato diferente al de los medios estatales. Este fue el caso de Diario de Cuba, 14yMedio, Hypermedia Magazine y CiberCuba. Estos medios han contado con un controvertido financiamiento de organismos vinculados a agencias federales norteamericanas que persiguen un cambio de régimen en Cuba y han priorizado voces de la disidencia nacional con muy poco impacto en el debate ciudadano. Varios de ellos tienen sus antecedentes en medios como la revista Encuentro de la Cultura Cubana —que tras dividirse dio paso a dos nuevos sitios web (Cuba Encuentro y Diario de Cuba)— y Cubanet, ambos fundados en la década de los noventa del siglo pasado, aunque este último sigue en funcionamiento.

En años más recientes, sobre todo después del 17D del 2014, surgieron medios de comunicación privados dirigidos por jóvenes periodistas o comunicadores graduados de las universidades cubanas que no estaban de acuerdo con la forma en que se hacía periodismo en el país. Al principio, colaboraban por igual profesionales todavía insertados en medios del estado, como los que ya habían salido del sistema, o incluso vivían fuera del territorio nacional. En varios medios privados —nacidos casi como un reclamo generacional en una circunstancia tecnosocial favorable— se publicaron una significativa cantidad de textos con rigor periodístico sobre temáticas y grupos sociales, en su mayoría, ignorados por la agenda oficial. No todos sus materiales fueron de alta factura, pero en su momento contrastaron visiblemente con respecto a sus similares estatales en cuanto al uso de técnicas narrativas, herramientas hipermedias y precisión en la recogida y selección de la información. Así mismo, los jóvenes reporteros empezaron a participar y a tener contactos con festivales, eventos y homólogos de otras regiones del mundo. Con estas posibilidades, varios colegas desencantados y sin una perspectiva de cambio a la vista, emigraron de los medios estatales a los privados. Entre estos últimos pueden citarse El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque, La Joven Cuba, AM:PM Magazine, Yucabyte, Postdata Club, Play Off, La Tizza y Tremenda Nota, entre otros. Sus diferencias se aprecian no solo en agendas mediáticas y posturas políticas, sino también en sus maneras de sufragar gastos para salarios, colaboraciones, producción de contenido, etc. El análisis específico sobre estas cuestiones necesita otro texto que requiere un desarrollo más extenso.

Uno de los aspectos más controvertidos y por los cuales se les critica desde instituciones políticas gubernamentales es el origen de su financiamiento. Este tema se utiliza como elemento de ataque por figuras de la esfera política cubana en la medida en que las agendas y posicionamientos de algunas de estas organizaciones periodísticas comenzaron a cuestionar más crudamente el discurso oficial de la Revolución.

El asunto es complejo, porque uno de los aspectos señalados por funcionarios públicos, directivos de prensa o periodistas es el carácter de legalidad que puede tener este tipo de medios. La constitución recientemente aprobada establece en su Artículo 55 que:

Se reconoce la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, de las organizaciones políticas, sociales y de masa; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.

Es difícil discernir en este artículo constitucional si los medios privados conseguirían ser reconocidos dentro de la futura ley de comunicación o prensa si mantienen esa forma de propiedad, pero sería interesante preguntarnos qué sucedería si solicitan constituirse como cooperativas, cuando llegue el momento.

No todos los medios (por ahora) privados deberían considerarse como una amenaza al socialismo cubano. El propósito de muchos de sus integrantes es hacer periodismo de calidad en temas, tiempo, y maneras que no encontraron en la mayoría de los medios estatales a los que pertenecían, desgastados por una severa crisis de estructura, de culturas profesionales y funcionamiento. También es real que a varios de los jóvenes periodistas de medios privados nunca les interesó trabajar, de ninguna manera, en medios estatales por no estar de acuerdo con el sistema político. Además, a estas alturas queda claro que las nuevas narrativas propuestas tenían una audiencia expectante en la esfera pública.

Si bien es cierto que en algunos semanarios partidistas (Invasor, Escambray), emisoras (Radio Rebelde, Radio Sancti Spíritus, CMHW de Villa Clara) y revistas juveniles, (El Caimán Barbudo, Alma Mater, Juventud Técnica) se realiza buen trabajo periodístico, en general, la calidad del periodismo estatal cubano —con respecto a la cantidad de medios, infraestructura y recursos humanos disponibles— aún queda muy por debajo de la capacidad real de excelencia alcanzable. Por supuesto, es una lista incompleta y está permeada por la visión personal de la profesión de este autor. La propiedad de los medios no determina su calidad, pero varios jóvenes periodistas prefieren proyectar su tiempo y sus competencias profesionales en función de trabajos que le puedan motivar mucho más, a seguir agendas diarias preestablecidas en un medio estatal, alejadas de sus intereses. Algunos periodistas que han abandonado el sector estatal de manera formal colaboran con varios medios privados a la vez y se desempeñan como reporteros freelance.

En el caso de los periodistas que apostamos por un modelo socialista de medios públicos, solo nos queda seguir insistiendo creativamente con el mejor periodismo posible en nuestros respectivos centros de trabajo. La solución consiste, por ahora, en convertirnos en agentes innovadores de nuestros colectivos, superarnos teórica, ética y profesionalmente, atender a lo mejor del trabajo realizado por nuestros colegas a nivel mundial y no desistir en el empeño de mejorar un servicio público tan valioso para la República.     

Nuevos modelos, nuevas posibilidades

Una de las pocas certezas que deja la pandemia de la COVID-19 es que, a nivel planetario, el modelo neoliberal de gestión económica no es el adecuado para desarrollar una sociedad moderna que esté comprometida con el bienestar social de sus integrantes. De manera que es bastante probable que varios países vuelvan a apostar, en mayor o menor medida, por fortalecer los Estados como garantes de servicios públicos que aseguren una protección básica a grandes sectores sociales afectados por esta enfermedad.

La dirección del gobierno está obligada a proceder con responsabilidad y también audacia ante el escenario de recrudecimiento de la crisis económica mundial y el bloqueo norteamericano que afectan nuestra maltrecha economía. El presidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez ha llamado a liberar las fuerzas productivas y el Primer Secretario del PCC Raúl Castro lo apoyó con una expresión muy clásica del lenguaje coloquial cubano: “Hay que montarse en este tren y no bajarnos más”.

Si bien la principal tarea para el gobierno es la economía, el fortalecimiento de su sistema de medios estatales y públicos no es un asunto menor si se quiere asegurar el consenso de las mayorías con la Revolución. Y específicamente con un segmento de las nuevas generaciones de jóvenes que no se reconocen dentro de la narrativa de muchas organizaciones políticas y de masas en tiempos de diferentes escenarios de guerra cultural y convergencia mediática.

Un adecuado tratamiento del tema de las políticas públicas en comunicación, específicamente sobre organizaciones periodísticas, también permitiría aunar esfuerzos en pos de seducir a sectores que, por disímiles razones, no están convencidos de la viabilidad y posibilidad del socialismo cubano para erigir un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades espirituales y materiales de sus ciudadanos. No se trata de atraer a los que están ya comprometidos con el proceso, sino de comunicar el mensaje emancipador de democracia, justicia social  —con prosperidad económica— y belleza que el socialismo cubano tiene el deber de construir para su ciudadanía, con esfuerzo propio y contra poderosos intereses mundiales.

Los periodistas cubanos han resistido durante décadas, como probablemente pocas profesiones en el país, no solo carencias materiales y de salario para un desempeño tan complicado y sensible a nivel sociopolítico, sino también altos niveles de intrusismo profesional e intervención externa de funcionarios e instituciones que desconocen las rutinas productivas del oficio y causan muchísimo daño. Como bien señalan las leyes del sentido común y ha resaltado un estadista hace muy poco tiempo: no se deben esperar resultados diferentes si se aplican los mismos métodos. Es la hora del cambio.

Bibliografía

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