Este artículo forma parte de la serie Descentralización y municipios: los retos de la COVID-19.

Esta serie, coordinada por el profesor Willy Pedroso, se dirige a analizar los impactos de la crisis provocada por la COVID-19 en el camino de descentralización y estímulo al desarrollo local que venía recorriendo Cuba desde la aprobación de la nueva Constitución. Se propone examinar en qué medida esta crisis ha puesto de relieve o profundizado problemas de gestión, así como económico-productivos, medioambientales y socioculturales. Asimismo, intenta discutir qué condiciones (políticas, materiales, institucionales) se requieren para que los municipios intervengan activamente en la estrategia nacional de recuperación de la economía en Cuba. 

Moderador: Willy Pedroso Aguiar (WP). Revista Temas

Participantes:

Geydis E. Fundora Nevot. (GF) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de La Habana.

Hilda E. Juliá Méndez (HJ). Centro de Intercambio y Referencia Iniciativas Comunitarias (CIERIC).

Mayra M. Espina Prieto (ME). Cooperación Suiza para el Desarrollo.

Adelaida Gómez Blanco (AG). Coordinadora general del proyecto “El Patio de Adela” y de la Ruta Cultural de las tradiciones en Guantánamo; perteneciente al Programa de Desarrollo Local y Comunitario desde la Cultura en Municipios Cubanos (PDLC).

María Elena Grey (MG). Coordinadora del proyecto “Laboratorio Cultural”, en Holguín, perteneciente al PDLC.

Marlén Z. Pérez Veriel (MP). Centro Provincial de Superación para la Cultura en Guantánamo.

WP: ¿Qué afectaciones pudiera generar la COVID-19 en el camino que venía avanzando Cuba en temas de desarrollo local con equidad?

GF: A nivel internacional, nacional y local, ya estamos viviendo recortes significativos de presupuesto y disponibilidad de recursos para muchas de las estrategias que se habían planificado. Aunque la apuesta por el desarrollo local se mantenga y evidentemente sea un área clave para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad, creo que van a haber limitaciones materiales significativas que nos obligan a plantearnos nuevas prioridades; nos obligan a pensar en un trabajo más eficaz y una visión más estratégica.

También me gusta ver un matiz positivo, y es el hecho de que obliga a buscar soluciones desde la resiliencia, desde una resistencia más creativa, autónoma, menos asistencialista y más autosuficiente desde el punto de vista de los territorios, de las familias y de las personas.

Yo creo que la situación de vulnerabilidad a raíz de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, ha abierto más espacio y mayor legitimación en la agenda pública para los temas de equidad y los temas de vulnerabilidad. Creo que también subrayó mucho la situación vulnerable de determinados grupos etarios, así como el desarrollo de un repertorio de acciones asistenciales que abrieron espacio a este tipo de debate.

Otro elemento es que hubo un despliegue de iniciativas de la sociedad civil y también una mayor visibilidad de un conjunto de estrategias territoriales protagonizadas por los Consejos de Defensa, que colocaron en el imaginario social la oportunidad de una forma de gestión más descentralizada. Esto puede repercutir positivamente en el futuro del desarrollo local, porque la gente tuvo contacto y visualizó otro tipo de actores que estaban relacionados con su protección social y su bienestar.

Sin embargo, hay un conjunto de elementos negativos. Por ejemplo, ya se había avanzado en la identificación de perfiles territoriales de vulnerabilidad. Se habían dado pasos importantes para lograr cierto consenso respecto a cuáles son nuestros grupos vulnerables, y esas definiciones hay que volverlas a revisar y actualizar a la luz de la crisis.

El azote de la enfermedad en Cuba volvió a reforzar un enfoque de vulnerabilidad más centrado en grupos etarios y personas con discapacidad; se dieron algunas pinceladas a los temas de género, sobre todo el trabajo doméstico, la sobrecarga de cuidado, las violencias; pero no se vio con tanta fuerza el debate con enfoque de política pública. Además, lo poco que se visibilizó sobre los temas relacionados con el color de la piel estuvo muy ligado a lo ocurrido fuera de Cuba –racialización de la pandemia en Estados Unidos, sobre-morbilidad de latinos y afroamericanos–, y las desigualdades territoriales tampoco fueron tan abordadas como los temas etarios.

Esto implica que hay que retomar las discusiones sobre vulnerabilidad, desde todas sus dimensiones e intersecciones, para poder influir en la reconfiguración de una agenda pública, mediática y política.

Hay un sesgo económico productivista que antes de la crisis sanitaria no se había logrado borrar en muchos proyectos, programas y actores relacionados con la aprobación e impulso de procesos de desarrollo local. Se seguían priorizando, en materia de recursos otorgados, los proyectos llamados económico productivos y justamente aquellos proyectos llamados socioculturales estaban más soslayados. Persistía esta visión metodológica un tanto sesgada y se jerarquizaban los tipos de intervención social.

Me temo que con la escasez de recursos y con la reproducción de este enfoque, a la hora de aprobar proyectos se sigan priorizando aquellos llamados económico productivos, y los temas de equidad, muchas veces abordados desde los socioculturales, sean menos trabajados. También puede ocurrir que los temas sean solo considerados por unos pocos proyectos, cuyos gestores tienen la suficiente sensibilidad y preparación para transversalizar la mirada de equidad social en cualquier tipo de acción, máxime si se trata de distribución de medios para producir, de trabajo y de los resultados del trabajo.

HJ: Cuba mostró un crecimiento económico promedio anual en el período 2016-2019 de 1,4%, inferior en 1,3% respecto al período 2010-2015, que fue de un 2,7%. La actual situación de la pandemia generará impactos significativos, ya que la nuestra es una economía abierta, subdesarrollada, de alta dependencia a las importaciones, con una reducción drástica de sus fuentes de ingreso, sometida a fuertes sanciones, y con nulo acceso a algún mecanismo de compensación externa en la forma de préstamos contingentes de organismos financieros internacionales. 

En medio del enfrentamiento a la crisis, se hizo un llamado por la máxima dirección del país a incorporar un grupo de medidas de contingencia para impulsar el programa de autoabastecimiento municipal, y garantizar los distintos sistemas de producción local. Se están destinado recursos materiales y financieros prioritariamente para las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Las soluciones a estos problemas deberán pensar también en el mejoramiento de los sistemas de acopio, distribución y comercialización de los productos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado medidas para el tratamiento de la protección laboral y salarial en medio de la COVID-19. También cobró fuerza la modalidad de trabajo a distancia, que vinculó a unas 627 mil 855 personas, donde destacan las provincias de Pinar del Río, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Guantánamo. En el sector no estatal, donde laboran unos 623 mil 557 cubanos, alrededor de 243 mil 203 suspendieron sus licencias –fundamentalmente las relacionadas con los transportistas, arrendatarios de viviendas y los vinculados a la actividad gastronómica–, con la correspondiente afectación a los recursos individuales y familiares.

El país reconoce una serie de fortalezas para enfrentar el período de recuperación post COVID-19, entre ellas: la economía planificada centralmente, la soberanía en el manejo de los recursos presupuestarios, la política social inclusiva, la política de que nadie sobra, y la experiencia en medidas de ajuste. Por su parte, la implementación de las modificaciones en la Estructura y Sistema de Gobierno, que asume la desaparición de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y la aparición del término de Intendente, es un paso hacia mayores oportunidades de gestión desde los municipios.

Sin embargo, en un escenario post pandemia, el escenario cubano sentirá con más fuerza la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo local; así como incrementar las formas de gestión no estatal en sectores productivos. Una de las prioridades para la implementación de esto son los proyectos de desarrollo local, porque constituyen también una de las prioridades para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2030.

ME: Sobre las posibles afectaciones, quiero referirme a tres elementos. Primero, el tema de la restricción de recursos. Los presupuestos municipales se nutren sobre todo de la contribución territorial del 1%, de impuestos a los trabajadores por cuenta propia y de otros entes económicos locales. Estas son fuentes de presupuesto que tienden a bajar, porque se han visto afectadas por la emergencia sanitaria.

En el sector no estatal, muchos negocios han cerrado y quedaron exentos de impuestos –como es lógico, es una muy buena medida de política que se ha tomado–, con lo cual los territorios disminuirán sus posibles presupuestos. De igual manera la actividad estatal en muy diversos sectores ha decrecido. Quienes entienden estos temas de desarrollo local siempre han dejado claro que una condición indispensable es la disponibilidad de fuentes de financiamiento y de recursos.

Obviamente, en este momento el mundo entero y el país están afectados por estas restricciones de recursos, de manera que el escenario municipal –en el caso de Cuba, los presupuestos propios son una experiencia relativamente nueva– se verá afectado en términos de las finanzas de las que dispone y, por lo tanto, sus planes y sus estrategias de desarrollo van a encontrar obstáculos para llevarse a cabo. No quiere decir que esto sea un obstáculo invencible, va a depender mucho de la innovación, de la capacidad de animar tejido productivo local que tienen las autoridades a ese nivel, pero es un reto grande.

En segundo lugar, percibo un cierto peligro de una vuelta a la centralización. El manejo de la COVID-19 requiere una gestión de crisis muy fuerte, donde, a mi modo de ver, muchos de los éxitos que Cuba ha tenido se relacionan con una combinación y una articulación positiva entre diferentes niveles. Pero muchas veces estas situaciones complicadas tientan a moverse a la decisión centralizada y el mando único. Como dije antes, la municipalización es una experiencia aún inmadura, a la que le faltan todavía muchos elementos para consolidar, por lo que la centralización es un peligro que siempre puede acechar.

No olvidar que descentralización, municipalización y desarrollo local suponen redistribución del poder, suponen que algunos actores tienen que ceder en su capacidad y poder real de toma de decisiones y en los recursos de los que disponen para esto, y cederlos e involucrarse en una redistribución de ese poder. Eso, consciente o inconscientemente, no es siempre un proceso que transcurre sin tensiones.

Por lo tanto, si bien una lección que puede extraerse de la emergencia sanitaria es que el escenario local es un escenario noble y con mucho potencial para manejo de vulnerabilidades, riesgos, para conciliar decisiones con la población, para incentivar comportamientos, solidaridades, acciones consensuadas; también podría abstraerse una conclusión de la necesidad de poderes centrales que conduzcan los procesos. Espero que la conclusión que atraviese nuestros derroteros futuros sea la necesidad de combinar articuladamente políticas nacionales, centralizadas, con un alto peso de la decisión local informada y participativa.

Un tercer elemento que veo es una visión restringida de las vulnerabilidades, las desigualdades y las desventajas sociales. La pandemia ha puesto ante nuestros ojos la importancia de atender prioritariamente a aquellos que corren mayores riesgos por alguna característica individual, social, familiar. En este caso, el rasgo etario y de las comorbilidades está en primer plano; esto ha sido muy bien descrito y se han trazado políticas, servicios, acciones, para proteger a las personas de la tercera edad y a aquellos que tienen enfermedades que les hacen más vulnerables.

Eso está bien, pero mi impresión es que eso puede llevar a una actuación un poco sesgada hacia la pura protección y hacia políticas específicas para este tipo de grupos. Yo concuerdo con esas acciones específicas, pero al menos por lo que se ha visto en los medios y en los debates, siento que ha quedado en un segundo plano el tema de las desigualdades socioeconómicas y las vulnerabilidades que crean.

No es lo mismo una persona que tenga un padecimiento que lo pone en riesgo, que tenga buenos ingresos, que viva en un buen hogar, en un ambiente de higiene; que aquellos que viven del día a día, que no tenían ahorros para afrontar esta situación, no tienen otras protecciones, así que independientemente de su edad tienen que ponerse en riesgo. A mi modo de ver, esto es un peligro, un cierto retroceso en la comprensión de las desigualdades socioeconómicas y su entrelazamiento con otras desigualdades.

AG: La afectación esencial, desde nuestro punto de vista, será el posible incumplimiento de las acciones y planes previstos para este 2020, o la modificación en sus alcances. En nuestro caso, que proponemos la cultura como actividad para impulsar el desarrollo local con equidad de una comunidad específica, ha sido muy difícil cumplir con el cronograma de acciones.

MG: Las afectaciones generadas por la COVID-19 en el territorio holguinero, se ubican en el retroceso en el consumo personal y la igualdad de acceso a los servicios básicos. Esto se relaciona por una parte, con la difícil situación económica por la que atraviesa el país, agudizada por las restricciones económicas impuestas por el gobierno delos Estados Unidos. Por otro lado está la falta de motivación, interés, responsabilidad, creatividad y dedicación para producir bienes, insumos, productos y servicios por algunos sectores de la población.

En el contexto territorial de Holguín, se aunaron esfuerzos para proteger a grupos de personas con capacidad disminuida para hacer frente y resistir a los efectos del peligro causado por la COVID-19. En este batallar se evidenció que las desigualdades y vulnerabilidades no están relacionadas solamente con personas o grupos de bajos ingresos económicos, discapacitados, niños o personas mayores sin apoyo familiar.

Sin embargo, el problema de los grupos vulnerables se amplió a todos los mayores de 60 años, sin importar ingresos económicos, ni color de la piel, estado de salud o si están laboralmente activos. Incorporó además a un sector amplio de la población de 40 años y más, en su mayoría laboralmente activos, que padecen de enfermedades crónicas, degenerativas, con las que convivimos diariamente y no les brindamos la atención necesaria.

MP: La presencia del COVID-19 trajo afectaciones en el avance que venía mostrando el desarrollo local con equidad en Cuba. Se muestran fundamentalmente en lo económico, pues no todas las personas tienen acceso a determinados productos y servicios, lo que incide de manera directa en todos los ámbitos de la vida social. A pesar de ello, el Estado cubano no ha perdido el enfoque en cuanto a este tema, todo lo contrario, fortalece aún más la necesidad de fomentar la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

WP: ¿Qué cambios en las estructuras de desigualdad y vulnerabilidad que se venían estudiando han sufrido los contextos territoriales cubanos en tiempos de COVID-19?

GF: Nuestros diagnósticos sobre vulnerabilidades, aunque tienen cierta vigencia, hay resultados que se desdibujan. Tenemos que retomarlos, actualizarlos, replantearlos, para poder captar otras tendencias, como la agudización de situaciones de pobreza y vulnerabilidad por la familiarización del bienestar, que ya se venía configurando y que ahora recolocó nuevamente en las economías familiares numerosos gastos ligados a la reproducción de la vida, como la alimentación, los servicios básicos, el consumo cultural, la educación, etc.

También hay que volver a mirar estas situaciones de agudización dada la cantidad de trabajadores y trabajadoras que quedaron interruptos en el sector público, que aunque se les garantizaba el derecho al 60% del salario, tuvieron que enfrentar con menos recursos una estructura de gastos familiares mayor, justamente por la convivencia en casa. Otras situaciones pueden estarse generando con los trabajadores que quedaron desempleados en el sector privado, tanto los formales como los informales, y también los trabajadores informales autónomos.

Habría que mirar también a aquellas familias cuyas estrategias económicas estaban montadas en los circuitos de comercio minorista entre La Habana y otras provincias como Mayabeque o Artemisa; y los circuitos de comercio minorista entre Cuba y otros países del Caribe, América Latina o Europa. Todas dependían de posibilidades de transporte que fueron suspendidas.

Otro tema que puede ser peculiar son las personas, muchas veces representativas de los grupos vulnerables tradicionales, que encontraron en el confinamiento un espacio perfecto para desplegar estrategias de especulación, lucrando con productos escasos de alimentación y aseo. Este sector, a pesar de ser un sector que por su capital cultural e idiosincrasia no tiende a la acumulación para inversiones estratégicas futuras, etc., sí puede haber salido de este período con otro balance en su economía personal. Investigar este tema –no tengo datos sobre esto, solo lo apunto como tema a investigar– pudiera arrojar luces sobre una movilidad ascendente, muy moderada, en términos económicos, y evidentemente a costa de la salud; además de otros grupos que por las medidas institucionales de enfrentamiento, estas estrategias se les derrumbaron.

ME: Creo que este va a ser un tema de estudio inmediato, y todavía no conozco ninguna sistematización sobre cómo se están reconfigurando esas estructuras de desigualdad. De todas maneras, mi impresión es que no va a cambiar demasiado el mapa de desigualdades territoriales que ha generado el informe del Índice de Desarrollo Humano Territorial, que está en proceso de construcción ahora mismo. Este informe ayudará a ver las diferencias a escala municipal, y antes que esto se han acumulado investigaciones que han mapeado muy bien las diferentes situaciones municipales, y territoriales, más allá de este nivel gubernamental.

De todas formas creo que es muy posible que haya una caída en la situación económica de aquellos municipios y territorios en general muy vinculados al turismo, y otras actividades que se han visto muy afectadas por la pandemia. Creo que va a depender también del momento en que pueda haber una apertura y de la capacidad de recuperación que tengan estos territorios. Esto va a pasar en todo el país y será más agudo en territorios con una base productiva poco sólida, y es que la desigualdad socioeconómica va a acentuarse en ellos. En este contexto, van a ser visible grupos específicos que son más afectados que otros.

El tema del acceso a vivienda adecuada y a ambientes comunitarios y familiares higiénicos, sanos, va a emerger también, porque es un asunto preterido en nuestra sociedad. La posibilidad de limpieza en los espacios públicos, en las instituciones sociales, la higiene, la posibilidad de una vivienda con un mínimo de confort, que pueda ser un lugar de protección. Entiendo que aquí tenemos una asignatura pendiente, que ahora mismo está demostrando el peso de las desigualdades y en la que las autoridades deben tener mayores competencias.

MP: Esta situación ha generado cambios. Algunos negativos, como el limitado acceso a recursos, pues no toda la población cuenta con medios ni ingresos suficientes para la realización de compras por paquetes ni vía online, por lo que se profundizan las indisciplinas sociales y el acaparamiento. Otros cambios, desde mi punto de vista, han sido positivos, reflejados en un mayor reconocimiento y atención a los grupos vulnerables en las comunidades, mediante la profundización en los diagnósticos comunitarios, de ahí su importancia como instrumento valioso para la detección de problemáticas y potencialidades. Se ha generado en nuestras comunidades un ambiente positivo de cooperativismo social y compromiso de las personas, reflejado en la participación popular, reconociendo la identidad territorial como elemento esencial que potencia el desarrollo local.

WP: ¿Qué políticas serán necesarias a nivel local para garantizar la equidad en un contexto post COVID-19?

GF: Yo creo que el enfoque de equidad debe ser una herramienta fundamental que transversalice el diseño, la implementación y la evaluación en cualquier política ya sea local o nacional. Esto es más necesario en este período donde han salido a flote un conjunto de vulnerabilidades. Pienso que, por ejemplo, a nivel de políticas científicas y de información, se requiere la actualización de datos por parte de todos los actores, para analizar la situación en la que se encuentran las personas y las familias luego de la situación vivida y ante los desafíos que se avecinan.

Creo que las Estrategias de Desarrollo Municipal deben ser revisitadas de manera participativa, para incorporar más explícitamente el enfoque de equidad en sus líneas estratégicas y en los programas y proyectos que se deriven de ella. A nivel de políticas laborales, hace tiempo se viene proponiendo que las oficinas de trabajo sean espacios reales de gestión del empleo, desde una mirada que supere las desigualdades de género, etc. Creo que ahora se suma la necesidad de promover un enfoque de economía popular y solidaria, ligado a la producción de alimentos pero también a los servicios de cuidado y otro conjunto de iniciativas.

Es importante pensar en estrategias reales para poder insertar a generaciones más jóvenes que se pueden encontrar desempleadas, en sectores estratégicos del país. También hay que pensar la inserción de los grupos vulnerables en procesos de desarrollo, en sectores que no sean tan dependientes del mercado internacional –autoempleo, cooperativismo. Creo además que las oficinas de relaciones internacionales y que atienden proyectos, deben pensar en cómo captar fondos para iniciativas que pongan en el centro a las mujeres jefas de familia, a familias vulnerables, a personas jóvenes.

Es un momento oportuno para convocar a procesos participativos de construcción de políticas donde se le dé una nueva mirada a los recursos propios de las comunidades. También fomentar iniciativas creativas que prioricen espacios de encuentro, diálogo, mesas territoriales, talleres, donde se incentive la creatividad en mujeres, jóvenes, familias en situación de pobreza, de modo que se puedan pensar soluciones.

La política crediticia trasciende lo local, pero se podría pensar en cómo descentralizar este tipo de política para apoyar las iniciativas que vienen surgiendo y apoyar asesoramientos, experiencias como las incubadoras, etc. También hay otros retos como atender la estratificación clasista del campesinado que se ha venido anunciando por un conjunto de investigaciones y que probablemente se hayan acentuado en tiempos de pandemia.

Ahora que se promueven nuevas formas de producción agrícola y que se actualizarán las modalidades de comercialización, es momento oportuno para darle una mirada a las situaciones de protección en el trabajo de hombres y mujeres migrantes de la región oriental, que se contratan de manera formal e informal en fincas privadas. Este tipo de distribución socioclasista que ya se venía reproduciendo hace un tiempo, se puede agudizar, y el espacio local es el ámbito perfecto para ver cómo se desmontan estas dinámicas y que las personas que están efectivamente trabajando la tierra tengan los mejores resultados y diferentes niveles de estimulación.

A nivel de salud, se pueden repensar los efectos diferenciados que ha tenido la pandemia por razones de género, color de la piel, edad, espacio geográfico; repensar los indicadores con los que se monitorea la salud en las comunidades; las estrategias preventivas, temas de atención a la salud mental, los síndromes de las personas cuidadoras. A nivel educativo, hay que pensar que niños, niñas y adolescentes pueden haber vivido de manera diferenciada el acompañamiento de las familias en el período de teleclases. Esto puede generar desigualdades que se trasladan al plano educativo y que pueden incidir en la futura inserción de esos futuros jóvenes en el mercado laboral e influir en el desarrollo de ese territorio.

HJ: A nivel social se manifiestan, en parte de la población, conductas que reflejan indisciplina social, falta de armonía en las relaciones de los sujetos, una cultura inadecuada hacia la protección del medio ambiente, en la incapacidad para comprender las amenazas del cambio climático en aras de preservar el patrimonio común y la cultura, que se refleja en la falta de sensibilidad ante el hecho identitario.

Se hace necesaria la formación de una ciudadanía responsable, con una práctica cultural y educativa coherente que resuelva las contradicciones y ponga en equilibrios la actuación individual frente a las necesidades colectivas de transformación social. De ahí que las acciones que se propongan deberán contribuir a la formación ciudadana en jóvenes, adultas y adultos mayores en función de una cultura social, económica y ambiental para el desarrollo sostenible, en su vínculo con la familia, la comunidad y las organizaciones sociales y políticas.

Entre las prioridades del desarrollo a nivel local, se visualizan la implementación de estrategias de producción de alimentos que aprovechen los recursos y las potencialidades locales, y recuperen las prácticas y tradiciones productivas de los territorios.

Se abren oportunidades para acoger iniciativas locales que fomenten el diseño de micro, medianas y pequeñas empresas que articulen tanto al sector estatal, como al no estatal, y que dirijan sus esfuerzos a la atención de demandas y necesidades locales. Interesante sería que estas iniciativas no fueran privativas del sector productivo y pudieran considerar también los sectores de la cultura, la creatividad, innovación y algunos servicios.

ME: Yo creo que es imprescindible completar y anclar el proceso de descentralización. Falta todavía una Ley de municipios, una clarificación de las competencias y completar las fuentes de financiamiento de los territorios; así como un fondo que podríamos llamarle “de compensación” para aminorar las diferencias interterritoriales.

Creo que hay que avanzar en esta dirección para que las autoridades y las sociedades civiles municipales puedan tener una actividad más propositiva, proactiva e innovadora en uno de los temas centrales para superar los efectos socioeconómicos de la COVID-19. Estos temas son: empleo, ingresos, sistemas de cuidado, diversificación de los sujetos y actores económicos, tanto las empresas y los servicios estatales como el emprendedourismo y las cooperativas.

Colocar posibilidades de política de empleo e ingresos en el nivel municipal es de especial importancia –insisto, no significa desarticularlo de las políticas nacionales, se trata de una articulación de estos niveles. Considero que el liderazgo y el protagonismo de los gobiernos municipales y de su ciudadanía en generar tejido productivo y de servicios locales con sostenibilidad económica es básico, pero para eso los municipios tienen que tener la competencia para hacerlo, el apoyo en capacitación, en acompañamiento, y fuentes de financiamiento que movilizar y que incrementar para poder llevar a cabo estos planes.

AG: Se hace necesario que los órganos gubernamentales de dirección, articulados con los grupos creados para evaluar el desarrollo de cada territorio, evalúen y analicen las prioridades de los programas propuestos para el desarrollo local con equidad, y establezcan un orden de prioridad. Habría que reajustar un nuevo diseño para acelerar el cumplimiento, teniendo en cuenta los problemas objetivos que sean solubles y trabajar por resolver todo el subjetivismo existente en cada localidad.

MG: Se impone fortalecer las capacidades a nivel local para reducir los efectos del peligro cualquiera que sea, las perspectiva inclusiva de los gobiernos locales y la participación política de la población en las toma de decisiones. Puedo comentar que desde el proyecto que coordino en Holguín, hemos facilitado talleres y reuniones con un grupo de trabajo multisectorial, con el objetivo de concretar la estrategia de desarrollo local del municipio y que su construcción sea el resultado de los aportes de representantes de organizaciones de masas, políticas, del sistema empresarial y el sistema de instituciones del territorio.

MP: Para garantizar la equidad en contexto post pandemia, se tendrían que repensar las políticas locales en materia de distribución y acceso a recursos vitales, teniendo en cuenta las características de cada territorio, y dentro de cada territorio su diversidad, independientemente de la autogestión que se realice. Deberán repensarse, además, las políticas en torno a la coordinación y articulación de actores, así como  el planeamiento local;  y un último elemento, no menos importante, es la capacitación en materia de desarrollo local a nuestros principales dirigentes.