El nuevo coronavirus, COVID-19, viene originando una pandemia sin precedentes en la historia reciente de la salud pública mundial. Al finalizar el mes de marzo, más de 200 naciones y territorios del mundo han confirmado la presencia del virus en su territorio; en la mayoría de ellas ya con transmisión local o comunitaria que obliga a tomar decisiones de aislamiento a determinados grupos de riesgo, o de cuarentena general a su población.

Al tratarse de una nueva enfermedad reportada por China a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco del nuevo Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), el Director de la OMS, luego de consultar con expertos, declaró el 30 de enero que el nuevo coronavirus es una Emergencia de Salud Pública Internacional (ESPI), frente a la cual debíamos estar todos los países preparados.[1]  Más adelante, el 11 de marzo, al comprobar que en varias regiones del mundo el COVID-19 había establecido transmisión local, la declaró como una pandemia.[2]

En sólo semanas, desde que se confirmó esta nueva enfermedad en Wuhan, China, y favorecida por el tráfico aéreo mundial, la transmisión del COVID-19 fue presentándose primero en países cercanos como Tailandia, Japón y Corea del Sur;[3] cuyas estrategias y forma de abordar la epidemia están sirviendo a los países para orientar una respuesta rápida y oportuna, según el momento en que se encuentren. Se han definido las siguientes fases en las que se atravesará esta epidemia: a) de preparación; b) primeros casos importados e identificación de conglomerados; y c) transmisión local o comunitaria.

Queda claro que, al tratarse de una nueva enfermedad, toda la población mundial es susceptible de enfermarse. No hay ninguna inmunidad previa para niños, jóvenes, adultos ni ancianos. Al ser un virus de transmisión respiratoria, éste podría diseminarse entre las personas a una mayor velocidad. Se observa una tasa de reproducción (Ro) que se estima de 2.2 a 2.9 personas, según reportes iniciales.[4] Es decir, cada infectado contagiaría de 2 a 3 personas en promedio. Estos valores y otros que han surgido de los primeros estudios, deberán complementarse y verificarse en los siguientes meses.

Uno de los estudios iniciales realizados por China fue la descripción epidemiológica en una muestra que llegó a contar con 70 mil casos. A partir de esta se observa que el 80% de los casos pueden presentar formas leves o moderadas, mientras que el 20% podría progresar a formas graves y críticas.[5] Estos últimos requieren ventilación mecánica y es dentro de este grupo donde la letalidad es considerablemente mayor.

También el estudio menciona que entre los factores de riesgo para las formas graves y críticas están la edad avanzada y la presencia de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica y la enfermedad renal crónica. Cabe considerar que la hipertensión y la diabetes son entidades o patologías únicas. En cambio, cuando se señalan las enfermedades respiratorias y renales crónicas, se suman en cada uno de estos grupos diversas enfermedades. Por ejemplo, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica conocida como EPOC, una enfermedad respiratoria crónica, está causada mayoritariamente por el consumo de tabaco. El tabaquismo y la obesidad constituyen también factores de riesgo que deberán considerarse en los nuevos estudios en curso.

Con la tasa de letalidad hubo algunos cambios. Se estimó inicialmente en 2.3%, pero luego se corrigió para un valor de 3.4%;[6] incluso observamos una tasa mayor en algunos países, como Italia. Este valor va a estar determinado en cada país por varios factores, uno de los cuales es la capacidad de su sistema de salud para identificar y ofrecer tratamiento oportuno a los casos confirmados con la COVID-19.

Se requiere un sistema de salud pública que cuente con redes de laboratorios y redes de equipos de epidemiólogos de campo en la Atención Primaria de Salud, para la búsqueda de contactos e identificación de los conglomerados. La letalidad también estará vinculada a la disponibilidad de camas hospitalarias, de unidades de cuidados intensivos, de personal de salud suficiente y calificado. Es decir, la calidad de los cuidados de los pacientes estará vinculada a la capacidad del sistema de salud, a su solidez, al presupuesto que reciba, a su organización, a la cobertura y acceso universal a sus servicios.

El acceso a esos servicios será especialmente crítico para las poblaciones de zonas rurales, aquellas cercanas a las fronteras y los pueblos indígenas, entre otros sectores vulnerables. Otra variable a considerar es que el acceso a los servicios de salud debe asumirse como un derecho humano que el Estado tiene el deber de proveer para que sus ciudadanos puedan ejercer plenamente. Lamentablemente el acceso a la salud en nuestra región varía país por país, entre aquellos que garantizan el acceso universal y gratuito hasta aquellos que ofrecen un acceso fragmentado según las capacidades de pago, situación que excluye de estos servicios a una inmensa población pobre de nuestra América.

Las reformas neoliberales que iniciaron algunos de nuestros países hace 30 años, han llevado a expresiones mínimas el rol del Estado, dejando a las iniciativas privadas vinculadas al complejo médico industrial definir el acceso a la salud por parte de las aseguradoras y los servicios privados de salud. Así, el sistema público de atención de salud del Estado ha quedado muchas veces debilitado y es en estas condiciones que se debe enfrentar el desafío más grande de respuesta a una epidemia. Ni el cólera, el dengue o la influenza, ni la ola creciente de enfermedades no transmisibles, suponen un desafío tan grande como al que nos enfrentamos ahora con la COVID-19.

Otro elemento a considerar en la letalidad y el impacto en los servicios de salud, es la característica demográfica de la población. Aquellos países o ciudades donde se concentra una mayor cantidad de población anciana, tendrán que tener los mayores cuidados para su aislamiento voluntario y atención oportuna cuando la requieran. Uno de los logros a los que más hacemos referencia en nuestros países es el haber incrementado la esperanza de vida. Ahora, paradójicamente, ese logro nos hace más vulnerables a esta pandemia. Razones sobran para proteger a los adultos mayores, cuidarlos y buscar su aislamiento voluntario por algunos meses más. Deberán posponer los abrazos y besos de sus hijos y nietos para cuando todo esto haya pasado.

Pero cuando eso pase, nos deberemos plantear la pregunta: ¿cuál es el modelo de atención de salud que necesitamos?  La lección de esta nueva pandemia debe hacernos revisar la mejor forma de organización de los servicios de salud y del acceso de toda la población a los mismos de manera integral, universal y gratuita. Se tendrá que discutir la verdadera dimensión de la salud pública y el rol del Estado en proveerla.  Se deben revisar las desigualdades sociales del acceso a los servicios de salud. Los Estados deberán plantearse cuál es el presupuesto justo que requiere el sector y de manera especial el sistema nacional de vigilancia de la salud pública, en sus capacidades analíticas, predictivas y de respuesta frente a fenómenos que afectan permanentemente la salud de nuestras poblaciones.