Durante 60 años, Cuba ha vivido bajo el asedio de la nación más poderosa de la tierra, negándole productos básicos como alimentos, medicinas y equipos de construcción – cualquiera que se preocupe por las dificultades económicas debe pedir que se acabe.

En una acción evidentemente bien coordinada, el 11 de julio de 2021, grupos de opositores al gobierno organizaron manifestaciones en varias ciudades cubanas, especialmente en La Habana. A los pocos segundos del evento, los principales medios de comunicación del mundo, incluyendo, por supuesto, los medios del Reino Unido, estaban en plena marcha magnificando el evento.

Semejante estallido social es un hecho insólito en Cuba y aún más sorprendentes fueron la intensidad y la violencia desplegada por los manifestantes (vandalismo, agresiones a funcionarios, ataques a edificios públicos), que recuerdan a protestas similares en Venezuela en 2014 y 2017 y en Nicaragua en el intento de golpe de Estado de julio de 2018.

Estaba claro que estos grupos opositores estaban llevando a cabo la conocida táctica venezolana de la guarimba (disturbios callejeros violentos y mediáticos). Las protestas fueron inmediatamente respondidas por movilizaciones masivas en apoyo a la revolución en toda Cuba, cuyas imágenes fueron presentadas como antigubernamentales por medios como The Guardian (aunque posteriormente rectificó el error).

Los motivos de las protestas callejeras originales fueron la escasez de alimentos, medicinas, suministro de electricidad y combustible, que agobian la vida diaria de los 11 millones de cubanos de la isla con graves dificultades. Entre ellas, colas para comprar alimentos y combustible, cortes de electricidad, caída de los ingresos y dificultades económicas generales.

Los cubanos tienen una genuina preocupación por el deterioro de la realidad socioeconómica de su país, provocado principalmente por la drástica intensificación del bloqueo estadounidense bajo el mandato de Donald Trump. Biden, a pesar de promesas electorales de restablecer las buenas relaciones bajo Obama, no ha hecho nada para aliviar esta situación – y sus impactos se han agudizado dramáticamente con el estallido de la pandemia de Covid-19.

La pandemia ha diezmado el turismo en Cuba, la principal fuente de ingresos de la isla. También ha interferido en el comercio y ha ralentizado la economía. Pero además de estos impactos en los ingresos y en la alimentación, los cubanos también han tenido que enfrentarse a la escasez de medicinas -gravemente afectadas por los efectos del embargo- lo que ha contribuido a una crisis sanitaria, especialmente en Matanzas.

La elección de Donald Trump llevó a Estados Unidos a revertir totalmente las tímidas pero positivas decisiones de aliviar aspectos del bloqueo a Cuba bajo Obama. Bajo Trump, Estados Unidos impuso otras 243 medidas coercitivas unilaterales (también conocidas como sanciones), incluida la inclusión de Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, lo que supuso una intensificación brutal y totalmente injustificada de la agresión estadounidense contra el pueblo cubano.

Las sanciones apuntan a todos los aspectos de la economía cubana. Prohíben el comercio con empresas controladas u operadas por y en nombre de los militares; prohíben a ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba individualmente y en grupo para realizar intercambios educativos y culturales; retiran a la mayor parte de su personal de la embajada estadounidense en La Habana, lo que conlleva, entre otras cosas, la suspensión de la tramitación de visados; permiten a ciudadanos estadounidenses entablar litigios contra entidades cubanas que “trafican” o se benefician de los bienes confiscados por la revolución cubana desde 1959; prohíben a cruceros y otras embarcaciones navegar entre Estados Unidos y la isla; prohíben vuelos de EE. UU a ciudades cubanas que no sean La Habana; suspenden vuelos chárter privados a La Habana y prohíben a ciudadanos estadounidenses alojarse en establecimientos vinculados al gobierno cubano o al partido comunista; frenan el envío de remesas de EE. a Cuba (Western Union tuvo que cerrar sus operaciones en la isla); tratan de bloquear el flujo de petróleo venezolano a Cuba mediante la aplicación de sanciones a compañías navieras y a las petroleras estatales de Cuba y Venezuela; prohíben la entrada de funcionarios cubanos a Estados Unidos por su presunta complicidad en abusos de los derechos humanos en Venezuela, y mucho más.

Todo ello se suma a las condiciones existentes que dificultan enormemente que empresas internacionales que operan en Estados Unidos hagan también negocios con Cuba, lo que significa que el bloqueo en realidad no es sólo un asunto bilateral. Las sanciones tienen como objetivo causar las máximas dificultades, exactamente como se diseñó el bloqueo en el infame Memorando del Departamento de Estado 499 de 1960:

El único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basados en la insatisfacción y las penurias económicas […] deben emprenderse con prontitud todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba […] una línea de acción que, mientras sea tan hábil y discreta como sea posible, logre las mayores incursiones para negar dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios nominales y reales, para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.

En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU informó que el embargo financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba había costado 130.000 millones de dólares a la economía del país.

La pandemia de Covid-19 ha cobrado, además, un cruel tributo adicional a la economía cubana. La llegada de turistas extranjeros se redujo en más de un 90% en el periodo 2020-2021, causando estragos en la economía. Los ingresos de vitales divisas se cortaron, y el vibrante sector de servicios que había surgido con la expansión del turismo se cerró casi por completo. El número total de llegadas de turistas extranjeros en 2019 fue de 4.275.558, mientras que en 2020 fue de sólo 1.085.920; pero la caída para mayo de 2021 (de enero a febrero) fue de una media del 96%.

Sería ingenuo, si no falso, creer que, como parte de la estrategia de sanciones de Trump contra Cuba, los funcionarios y estrategas de la maquinaria estadounidense no incluyeran un plan de desestabilización. Sin duda, hoy estamos presenciando parte de esto con la manifestación callejera violenta coordinada, combinada con una ofensiva en las redes sociales dirigida por Estados Unidos. Durante años, muchos millones han fluido desde Estados Unidos a los oponentes de la revolución cubana – bajo Trump, este número aumentó, y los impactos de esto en un momento de crisis más amplia no pueden ser subestimados.

La temida USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) habían financiado, desde la llegada de Donald Trump al poder en 2017, al menos a 54 grupos opuestos a la revolución cubana. Su financiación ascendió a casi 17 millones de dólares, pero es probable que la cifra sea mucho mayor si se tiene en cuenta que las “estrategias de construcción de la democracia” están exentas de divulgación en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA).

La financiación de Estados Unidos para la “promoción de la democracia” en Cuba está envuelta en el secreto y no se conocen los beneficiarios de esta financiación, ni se sabe cómo la utilizan. La USAID y la NED financian a periodistas digitales, grupos de promoción de los “derechos humanos”, organizaciones de participación ciudadana, cantantes y raperos de hip-hop, académicos, artistas, etc. En los 54 grupos no están incluidos los contratistas y subcontratistas, ni cuántos cubanos reciben dinero, pero el Directorio Democrático Cubano, por ejemplo, reportó haber pagado a 746 contratistas y 1.930 subcontratistas en 2018.

Es decir, una organización opositora de las 54 conocidas financiadas por USAID en Cuba informa haber pagado más de 150.000 dólares a más de 2.500 activistas. Este tipo de financiación puede ayudar a explicar el alto grado de homogeneidad y coordinación que exhiben por el momento, los lugares y la naturaleza no pacífica de las manifestaciones del 11 de julio.

No es de extrañar que Cuba, como muchas otras naciones latinoamericanas antes que ella, se enfrente a un asalto a su soberanía nacional. Después de todo, hemos visto sólo en los últimos años cómo se desarrolló el golpe de Estado en Bolivia, con pleno respaldo occidental. La mayoría de las veces, estos acontecimientos se ejecutan desde dentro, pero se dirigen, organizan y financian desde fuera.

Los de fuera incluyen a la USAID y a la NED, pero también a los elementos de la derecha más ruidosos y deliberados, como Marco Rubio, Ted Cruz y las organizaciones Republicanas de Miami, así como a gente como Bolsonaro, Álvaro Uribe y Luis Almagro en el resto del continente. Su objetivo es actuar como defensores de la “democracia” y fijar narrativas en los medios de comunicación internacionales. Marco Rubio ha hecho un llamamiento al presidente Biden para que intervenga contra Cuba y ha arremetido contra el movimiento Black Lives Matter por emitir una declaración de apoyo a Cuba y de condena al bloqueo de Estados Unidos.

Por el contrario, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, México, el grupo de países del ALBA, pero también Lula, Dilma Rousseff, Pedro Castillo, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo han dejado claro que se oponen a la injerencia externa en los asuntos internos de Cuba. Han exigido el fin del bloqueo como condición previa a la necesaria mejora de las circunstancias económicas del pueblo de la isla. Las líneas internacionales sobre este tema entre progresistas y conservadores no pueden ser más claras.

Ni una sola vez una intervención de Estados Unidos (bajo cualquier apariencia) ha traído algo parecido a la democracia a América Latina. Una y otra vez, sus esfuerzos han dado lugar a dictaduras, privatizaciones masivas y una violencia brutal ejercida contra los más pobres. Por el contrario, a pesar de sus muchos problemas e imperfecciones, en 60 años la Revolución Cubana se ha convertido en un faro de solidaridad y generosidad en todo el mundo, comprometiéndose a apoyar la causa de la justicia incluso cuando sus propias circunstancias han sido a menudo difíciles.

En los últimos años, el programa médico conjunto de Cuba y Venezuela, Operación Milagro, ha permitido realizar más de 4 millones de operaciones oculares gratuitas a personas pobres con cataratas y dolencias oculares relacionadas. Su internacionalismo médico ha hecho que, hasta la fecha, “Cuba haya enviado a unos 124.000 profesionales de la salud para prestar atención médica en más de 154 países” y, desde marzo de 2020, más de 3.700 médicos, enfermeros y técnicos sanitarios cubanos se han ofrecido como voluntarios para ir a 39 países (incluida Italia) para ayudar a combatir la pandemia del virus Covid-19.

La única solución a largo plazo para los males de Cuba es el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo estadounidense. Esa es la exigencia del mundo, expresada por todas las Asambleas Generales de la ONU desde los años 90, es la exigencia del derecho internacional y es la exigencia de la justicia.

– Francisco Domínguez es director del Grupo de Investigación sobre América Latina de la Universidad de Middlesex. También es secretario nacional de la Campaña de Solidaridad con Venezuela y coautor de Right-Wing Politics in the New Latin America (Zed, 2011).

Publicado originalmente en inglés en la revista británica Tribune – https://tribunemag.co.uk/2021/07/the-only-way-to-end-economic-hardship-in-cuba-is-to-end-the-us-blockade