Las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos afroamericanos no son en modo alguno un dato inusual en los Estados Unidos de hoy. Los casos de John Crawford, en Ohio; de Dante Parker, en Victorville, California; de Ezell Ford, en Los Ángeles, California; de Eric Garner, en Staten Island, Nueva York --con su dramático grito de “no puedo respirar”-- y de Michael Brown, en Ferguson, Missouri, no son sino la punta del iceberg de un problema muy profundo y complejo. Y que también arrastra, en cuanto al uso de fuerza policial excesiva y festinada, a otros grupos étnicos como los latinos/hispanos. No hay datos nacionales fidedignos a nivel nacional, pero distintas instituciones de la sociedad civil norteamericana han hecho cálculos y proyecciones claras y distintas sobre este problema.

 En 2007 una investigación de ColorLine y TheChicago Reporter sobre tiroteos policiales en diez grandes ciudades de los Estados Unidos encontró que había un número desproporcionado de negros victimizados, particularmente en Nueva York, San Diego y Las Vegas. En Virginia, el 49% de las muertes a manos de la policía recayeron sobre ciudadanos afroamericanos, una estadística desproporcionada considerando que estos constituyen solo alrededor del 20% de la población de ese estado.

Más recientemente, un informe del Departamento de Justicia sobre los sucesos de Ferguson determinó que la policía local actuaba por motivaciones racistas y violaba los derechos constitucionales de los afroamericanos. Encontraron evidencia contundente de racismo y discriminación en sus correos electrónicos y comunicaciones internas. Una, de noviembre de 2008, afirmaba que el presidente Obama no se podría sostener en su cargo durante mucho tiempo porque “los negros mantienen un trabajo estable solo cuatro años”.

 En Ferguson, el 60% de la población es de raza negra; virtualmente todos sus efectivos policiales son blancos. El 86% de los automóviles parados por la policía eran manejados por negros, fenómeno popularmente conocido como DWB (DrivingWhile Black). Se trata de una de las caras más sucias del racismo, pero no la única en una sociedad donde el componente de violencia constituye tanto un elemento estructural como un círculo vicioso.

Llama poderosamente la atención el hecho de que muchos de los asesinados sean adolescentes y jóvenes afroamericanos que ni siquiera portaban un arma. La lógica consiste en disparar primero y preguntar después. Los policías blancos suelen salir abrumadoramente absueltos en los casos donde lleguen a los tribunales.

La Comisión José Antonio Aponte contra el racismo y la Discriminación Racial de la UNEAC condena enérgicamente estas prácticas racistas y se une a las numerosas voces que, dentro y fuera de los Estados Unidos, exigen poner fin tanto a esos asesinatos como a la impunidad de unos agentes públicos cuya función es, supuestamente, proteger y servir. 

Una vez más, los modelos civilizatorios destinados a la exportación se quiebran ante la dura y terca realidad de los hechos.