En 1820, el intendente de Hacienda Alejandro Ramírez, simpatizante de la Ilustración española, le entregó una carta al obispo Espada, entusiasta colaborador de las libertades constitucionales iniciadas en 1812, en la que, como director de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), le transmitía la propuesta de la Sociedad de crear una Cátedra de Constitución Política de la Monarquía Española bajo los auspicios del propio obispo; el ofrecimiento incluía que confeccionara el Reglamento que debía regir la Cátedra y nombrara a la persona más digna para representarla; está de más decir que al hacer el convite, ya estaba la asignación de mil pesos anuales para ese propósito. Eran los inicios del llamado “trienio liberal” en España, y tanto el intendente como el obispo, que apoyaban la liquidación del absolutismo, sabían que había llegado el momento de educar a los “súbditos” en los fundamentos políticos para gobernar de acuerdo con un tejido de leyes que suponía un cambio de modelo hacia el constitucionalismo.

El obispo Espada estaba convencido de que la persona ideal era el profesor de Filosofía Félix Varela, quien había demostrado gran capacidad e integridad en sus clases para transformar los estudios filosóficos en Cuba y tenía constancia de sus intervenciones para inculcar los “derechos del pueblo”. Cuando habló con Varela para proponérselo, a este le pareció que quien ejerciera la cátedra debía ser aficionado al Derecho y apegado a la política, y ese no era su caso. Pero Espada insistió y le exigió al profesor presentarse a oposición para desempeñar el magisterio, junto a sus discípulos y amigos José Antonio Saco, Nicolás Manuel de Escobedo y Prudencio Hechevarría. Pasado el tiempo fijado para la defensa, Varela obtuvo la cátedra.

Al estudiar la constitución política de la monarquía española, el maestro vio la oportunidad de conocer las bases en las que se asentaban las relaciones imprescindibles entre ética y política, y así estar en mejores condiciones para precisar las razones del espíritu patriótico de los cubanos para construir su futura política, nación y patria; por ello, no fue solo un estudioso, sino un crítico sutil. Toda constitución implica esencia y calidad para diferenciarse en la forma o sistema de gobierno de cada Estado a lo largo de su historia, y la ley fundamental definidora del régimen básico de derechos y libertades, del pacto social de deberes y poderes de cada momento, responde a la naturaleza de los pueblos donde nace, a su evolución y desarrollo. Las observaciones de Varela sobre la constitución española constituían la preparación efectiva para diseñar la cubana: en realidad, se tejía una velada o secreta conspiración, quizás desde la SEAP y el intendente Ramírez, pero sin dudas, entre el obispo y Varela, y aunque cada uno sabía el propósito final hacia donde conducían estas enseñanzas, posiblemente entre ellos nunca llegaran a confesárselo.

Eduardo Torres-Cuevas ha destacado la enorme importancia en la historia de Cuba de la fundación de esta Cátedra, pues le enseñó a la juventud habanera, no solo las relaciones del pensamiento político y jurídico con el filosófico, sino que mostró el camino para elaborar un sistema racional a partir del sentimiento patriótico cubano, “porque lo enseñado allí por Varela no era solo el texto constitucional, sino, más bien, las bases teóricas de la soberanía del pueblo, de las libertades individuales y colectivas y, sobre todo, el contenido mismo del concepto de patria” (Félix Varela: los orígenes de la ciencia y con-ciencia cubanas, Editorial de Ciencias Sociales-Imagen Contemporánea, La Habana, 1997, p. 277). La Biblioteca de Autores Cubanos (Obras de Félix Varela y Morales, Editorial de la Universidad de La Habana, 1944, vol. VIII) publicaba las “Observaciones sobre la constitución política de la monarquía española”, a solo a cuatro años de haberse proclamado la Constitución de 1940. Analizar ahora las ideas de Varela contenidas en este texto, contribuye a esclarecer dudas metodológicas y a precisar enfoques esenciales en el debate político que se viene presentando Cuba alrededor del nuevo proyecto constitucional.

Se cuidó Varela de formular ideas generales y principios universales de su pensamiento político y de ahilar un pensamiento lógico para razonar, sin que se infiltraran opiniones encontradas o provocar enfrentamientos que dividieran a sus alumnos en cuestiones no esenciales. Si bien su teoría emergía de sus conocimientos filosóficos, su pensamiento político nacía de la realidad cubana. La primera observación se dirigía a las bases conceptuales sobre las cuales se asienta la soberanía y sus relaciones con la libertad. El ser humano, que tiene un derecho irrefrenable a la libertad, debe renunciar a una parte de ella para vivir en sociedad; cada integrante del pueblo lo hace espontánea y conscientemente para lograr un pacto social en la nación, por lo que la soberanía consiste en la dejación de esa parte de la libertad de los individuos en favor de la sociedad. Por tanto, “si el pueblo es quien ha de renunciar a una parte de su libertad voluntariamente, y no por violencias tiránicas, contrarias a toda justicia y razón, a él toca exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales” (Escritos políticos. Félix Varela y Morales, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 34). Al presentar así la cuestión pública estaba expresando que el verdadero soberano es el pueblo, y también establecía de manera razonada el fin de la esclavitud, pues la cesión de libertad individual se hacía de forma voluntaria y sin violencia. Esto podía ser dinamita para el primer cuarto del siglo XIX en Cuba.

Partía Varela de una definición de libertad del filósofo liberal moderado y político francés Benjamín Constant: “practicar lo que la sociedad no tiene derecho de impedir”. De esta manera: “El gobierno ejerce funciones de soberanía; no las posee, ni puede decirse dueño de ellas. El hombre libre que vive en una sociedad justa, no obedece sino a la ley. […]. El hombre no manda a otro hombre; la ley los manda a todos” (Ibídem, p. 40). Sería injusto reducir a Varela a un ideólogo del liberalismo por basarse en estos referentes de su época, pues lo que pretendía era construir una nación más justa, que no existía. Lo que sí dejaba claro es que el gobierno es solo el ejecutor de la voluntad general y nadie puede estar por encima de la ley. Siguiendo su razonamiento, llegamos al concepto del derecho de igualdad, una categoría compleja que implica igualdad natural —un imposible a partir de los grados de perfección o imperfección humana—, igualdad social —una aspiración justa pero lejana, pues había, y hay, ricos y pobres en cualquier sociedad—, y la igualdad legal, a la que se refiere Varela, que consiste en la atribución de derechos y la imposición de deberes, sin excepción, pues solo la igualdad legal no lleva en sí ninguna desigualdad.

Al maestro que iniciaba esta cátedra de Constitución le preocupaban mucho las relaciones entre gobernantes y gobernados, y les imponía a ambos deberes que tributaran al derecho público, pues dos males podían presentarse con unos y otros: la tiranía y la anarquía. Resultaba imprescindible el equilibrio, de ahí que las operaciones para ejercer la soberanía requirieran obligatoriamente de una división de poderes, pues en ningún caso era conveniente que una sola persona acumulara tanto poder sin contraparte. Varela asumió la articulación de la teoría de separación de poderes de Montesquieu, que en pleno siglo XXI permanece casi inalterable: el representativo, el ejecutivo y el judicial. Su análisis radicaba en que un poder no se excediese en sus funciones e invadiera las funciones del otro, y que cada uno fuera contenido por otro, con el propósito de mantener un equilibrio justo, difícil de articular con el “veto real”, un límite imposible de transgredir.

Resulta curioso cómo Varela defendió el unicameralismo español frente al bicameralismo inglés y de Estados Unidos; no lo consideró un “defecto” debido a la tradición de su pueblo, como una buena parte de los críticos de la época; su consideración partía de que “todo lo que se dirige a conceder preferencia a una clase de individuos sobre los otros, inspira desunión” (Ibídem, p. 59), otro ejemplo más de sus posiciones opuestas a estimular la formación de una oligarquía política, y dispuestas a impedir un federalismo que hubiera hecho a la Isla muy vulnerable; en ese sentido, se expresaba de manera coherente, una vez más, su defensa de Cuba como territorio unitario, tesis erguida frente a las amenazas regionalistas que tanto daño han ocasionado. Al modesto y sencillo sacerdote le interesaba mucho la legitimidad de los diputados elegidos a las cortes, pero una vez elegidos con “carta de ciudadanía”, eran de toda Cuba, pues un diputado es “un verdadero apoderado de la provincia, pero que al mismo tiempo lo es de toda la nación en virtud de las leyes fundamentales” (Ibídem, p. 70).

Entre otras cuestiones, también examinó las atribuciones de los poderes y cómo se tejían las facultades entre los ayuntamientos municipales y las juntas provinciales con el poder central. Le preocupaba mucho que se facilitaran las declaraciones de guerra en el más alto nivel y que se allanara el camino a los abusos de autoridad en cualquier instancia, algo sistemático en la historia española, pues le inquietaba el manejo de la libertad individual y sus relaciones con el efecto de las leyes. Concebía a los poderes municipales y provinciales como corporaciones establecidas para auxiliar al poder ejecutivo, que deben merecer la confianza del pueblo, pero solo como facilitadores, porque en la nación no hay más representación que la del Congreso, una estrategia política para desestimular el federalismo, expresado en la Isla como regionalismo. Se detenía asimismo a explicar las diferencias entre ejercer el poder ejecutivo y ser agente de él; este último era el caso de los poderes municipales y provinciales. Varela sabía que esa “agencia” ejecutiva en esos niveles es la encargada de establecer métodos de gobierno acomodables a las diferentes circunstancias de cada territorio, uno de nuestros problemas de más larga data: intentar gobernar de manera uniforme en todos los rincones del país.            

El balance de estas observaciones y de su vigencia para el presente constituye un ejercicio de estudio provechoso, pues constituye el referente más antiguo de ideas constitucionales que vale la pena considerar, y quizás de ellas debamos partir de manera autóctona para encontrar caminos seguros conducentes a un realismo social, ajeno al burocratismo, el dogmatismo y el mimetismo —de Estados Unidos y de la URSS—, que han lastrado algunos enfoques de nuestras constituciones, a pesar de su gran valor en las épocas en que fueron aprobadas.

Varela siempre estuvo afiliado a las causas más democráticas y antioligárquicas, populares y antiesclavistas, defendiendo un interés autóctono, patriótico y útil, inédito para su época y empeñado en crear en la Isla una sociedad superior que trajera más felicidad para sus habitantes. El propósito del cambio constitucional en la Cuba de hoy puede traducirse en semejante empeño: buscar el impulso de la democracia socialista, “con todos y para el bien de todos”, libre de cualquier opresión externa o interna y con proyección emancipadora, en la búsqueda de una felicidad basada en nuestros propios esfuerzos.